Desde la presidencia en funciones
de la Corte Suprema de Justicia se han emitido dos escritos para denunciar ante
la Fiscalía General de la República y ante la Policía Nacional Civil las
actitudes y acciones violentas de varios empleados del Órgano Judicial y de
personas extrañas a la institución dentro de las instalaciones de la Corte
Suprema de Justicia, cumpliendo así el deber constitucional con fundamento en
el artículo 241 de la Constitución y artículo 265 No. 1 del Código Procesal
Penal.
Los actos descritos, se señala,
“podrían constituir delitos penales”, motivo por el cual se denuncian ante la
Fiscalía General de la República a la espera de que se tomen las medidas
legalmente procedentes para investigar lo sucedido, que no sólo han dañado
bienes propiedad del Estado, sino que han puesto en riesgo el resguardo de
delicados expedientes judiciales de la Sala de lo Constitucional y de otros
despachos y oficinas judiciales, ante la amenaza de continuar abriéndose
despachos judiciales con el uso de la fuerza.
En la nota al Director General de
la Policía Nacional Civil, el presidente en funciones de la CSJ le expresa lo
siguiente: “Confío en que la institución policial salvaguarde el orden, la
seguridad y la tranquilidad pública, conforme a la nueva doctrina de la
seguridad pública y dentro del marco del desempeño de una función policial
profesional y ajena a toda actividad partidaria, tal como lo dispone el
artículo 159 d ella Constitución de la República”
Al referirse a las muestras de
violencia se hace referencia a que en varias ocasiones este mes un grupo de
empleados del Órgano Judicial y acompañantes que no laboran en el Órgano
Judicial se tomaron el edificio de la Corte Suprema de Justicia y el de las
oficinas administrativas mediante la fuerza, dañaron bienes e impidieron el
acceso y la salida de otros empleados del Órgano Judicial a las instalaciones
de la Corte.
En la denuncia a la Fiscalía se
manifiesta que desde el día 29 de junio hasta el 1 de julio del presente año,
varios empleados del Órgano Judicial se tomaron el edificio de la Corte Suprema
de Justicia, cerrando por medio de medidas de fuerza los acceso al mismo.
Posteriormente, desde el día 13 al 16 de julio volvieron a tomarse
violentamente el edificio d ella Corte Suprema de Justicia y, además, el de las
oficinas jurídicas y administrativas, dañando bienes, propiedad de la Corte y
obstaculizando el ingreso y salida del personal judicial.
La denuncia también señala que en
horas de la mañana del día 16, varias personas irrumpieron el despacho del
presidente de la Corte Suprema y del Órgano Judicial, así como el salón de la
Corte Plena, dañando con taladros y herramientas de cerrajería las puertas de
acceso y violentando sus sistemas de seguridad. Ello se realizó en presencia
del personal de la Corte Suprema de la cuarta planta del edificio central,
periodistas y funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, entre otras personas. Estos hechos continuaron produciéndose durante
la mañana de este día en otras oficinas de la cuarta planta.
En la denuncia interpuesta ante
el general Ramón Salinas Rivera, Director General de la Policía Nacional Civil,
la CSJ señala que el mismo lunes 16 cuando varias personas abrían a la fuerza
el despacho presidencial, el Dr. Florentín Meléndez, en su calidad de
presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, mantuvo una
conversación telefónica con el ministro de Justicia y Seguridad en la que se
pedía auxilio inmediato de la fuerza pública para frenar los hechos. Desde el
Ministerio se respondió que para actuar necesitaban primero una requisición
firmada por Corte Plena, por lo que los hechos continuaron desarrollándose sin
impedimento de ninguna autoridad.
Finalmente, la nota al Director de la Policía Nacional Civil señala
que, “en virtud de lo anterior, y tomando en cuenta el mandato constitucional y
legal de la institución policial a su cargo, a fin de evitar que estos hechos
se produzcan en el futuro, le solicito, en la calidad antes mencionada y con la
aprobación de Corte Plena, se garantice en futuras ocasiones similares que se
pudieran presentar, la inmediata presencia de personal policial en los
contornos de ambos edificios, con el objeto de garantizar el libre acceso y
salida de las instalaciones de la corte, al personal y funcionarios de este
Órgano del Estado, así como a los usuarios de la Administración de Justicia”.
San Salvador, 17 de julio de
2012.
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