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Opinión

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRESENTA DENUNCIA POR ACTOS VIOLENTOS ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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Desde la presidencia en funciones de la Corte Suprema de Justicia se han emitido dos escritos para denunciar ante la Fiscalía General de la República y ante la Policía Nacional Civil las actitudes y acciones violentas de varios empleados del Órgano Judicial y de personas extrañas a la institución dentro de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo así el deber constitucional con fundamento en el artículo 241 de la Constitución y artículo 265 No. 1 del Código Procesal Penal.

Los actos descritos, se señala, “podrían constituir delitos penales”, motivo por el cual se denuncian ante la Fiscalía General de la República a la espera de que se tomen las medidas legalmente procedentes para investigar lo sucedido, que no sólo han dañado bienes propiedad del Estado, sino que han puesto en riesgo el resguardo de delicados expedientes judiciales de la Sala de lo Constitucional y de otros despachos y oficinas judiciales, ante la amenaza de continuar abriéndose despachos judiciales con el uso de la fuerza.

En la nota al Director General de la Policía Nacional Civil, el presidente en funciones de la CSJ le expresa lo siguiente: “Confío en que la institución policial salvaguarde el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, conforme a la nueva doctrina de la seguridad pública y dentro del marco del desempeño de una función policial profesional y ajena a toda actividad partidaria, tal como lo dispone el artículo 159 d ella Constitución de la República”

Al referirse a las muestras de violencia se hace referencia a que en varias ocasiones este mes un grupo de empleados del Órgano Judicial y acompañantes que no laboran en el Órgano Judicial se tomaron el edificio de la Corte Suprema de Justicia y el de las oficinas administrativas mediante la fuerza, dañaron bienes e impidieron el acceso y la salida de otros empleados del Órgano Judicial a las instalaciones de la Corte.

En la denuncia a la Fiscalía se manifiesta que desde el día 29 de junio hasta el 1 de julio del presente año, varios empleados del Órgano Judicial se tomaron el edificio de la Corte Suprema de Justicia, cerrando por medio de medidas de fuerza los acceso al mismo. Posteriormente, desde el día 13 al 16 de julio volvieron a tomarse violentamente el edificio d ella Corte Suprema de Justicia y, además, el de las oficinas jurídicas y administrativas, dañando bienes, propiedad de la Corte y obstaculizando el ingreso y salida del personal judicial.

La denuncia también señala que en horas de la mañana del día 16, varias personas irrumpieron el despacho del presidente de la Corte Suprema y del Órgano Judicial, así como el salón de la Corte Plena, dañando con taladros y herramientas de cerrajería las puertas de acceso y violentando sus sistemas de seguridad. Ello se realizó en presencia del personal de la Corte Suprema de la cuarta planta del edificio central, periodistas y funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras personas. Estos hechos continuaron produciéndose durante la mañana de este día en otras oficinas de la cuarta planta.

En la denuncia interpuesta ante el general Ramón Salinas Rivera, Director General de la Policía Nacional Civil, la CSJ señala que el mismo lunes 16 cuando varias personas abrían a la fuerza el despacho presidencial, el Dr. Florentín Meléndez, en su calidad de presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Justicia y Seguridad en la que se pedía auxilio inmediato de la fuerza pública para frenar los hechos. Desde el Ministerio se respondió que para actuar necesitaban primero una requisición firmada por Corte Plena, por lo que los hechos continuaron desarrollándose sin impedimento de ninguna autoridad.

Finalmente, la nota al Director de la Policía Nacional Civil señala que, “en virtud de lo anterior, y tomando en cuenta el mandato constitucional y legal de la institución policial a su cargo, a fin de evitar que estos hechos se produzcan en el futuro, le solicito, en la calidad antes mencionada y con la aprobación de Corte Plena, se garantice en futuras ocasiones similares que se pudieran presentar, la inmediata presencia de personal policial en los contornos de ambos edificios, con el objeto de garantizar el libre acceso y salida de las instalaciones de la corte, al personal y funcionarios de este Órgano del Estado, así como a los usuarios de la Administración de Justicia”.


 
San Salvador, 17 de julio de 2012.

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