La Hipocresía de Juan Pablo II, Benedicto XVI y los curas salvadoreños




Recientemente el Vaticano  y el papa Francisco, dieron la noticia  que alegró el corazón de los  salvadoreños, el papa ordenó desbloquear  el proceso de canonización de  Monseñor Romero.

Las mentiras del papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI -– ambos anticomunistas de la Guerra fría -–gracias a la hipocresía y derechización  de los sacerdotes salvadoreños, calificaron a Monseñor Romero, de “estar con los comunistas” y en sus homilías, “ponía en peligro la Paz en El Salvador”.

Estos calificativos fueron apoyados por la derecha salvadoreña, que había iniciado una guerra de exterminio de los salvadoreños  con la creación de los “escuadrones de la muerte” que dirigió  el Mayor Roberto  d´Aubuisson fundador del partido ARENA, quienes asesinaron  a unos 75 mil salvadoreños, que luchaban contra la dictadura militar  que había impuesto el gobierno de los Estados Unidos, dentro  de la llamada “operación Cóndor”.

Monseñor Romero fue ordenado arzobispo en 1977 y tuve la suerte  de conocerlo y de haber iniciado con él, la revista del CELAN  en San José  de la Montaña  y conocí en pocos días, el fanatismo de los obispos derechistas que estaban en contra de Monseñor Romero.

En un escrito de padre Jesuita  Jon Sobrino, habla de Monseñor Oscar Arnulfo Romero  y cuando fue electo el papa Francisco, el padre Jon  Sobrino  lo criticó por su actuación durante dictadura militar  en Argentina.

Jon Sobrino escribió: “El  positivo el significado del proceso oficial de canonización, pero comencemos diciendo que el de Monseñor Romero no ha sido nada evidente. Recordemos algunos datos importantes.

(a) En vida, a diferencia, por ejemplo, con lo ocurrido con la madre Teresa de Calcuta --acogida y venerada por Iglesias y gobiernos–- Monseñor Romero no fue bien visto, en general, por la jerarquía eclesiástica. Es bien conocido que aquí en El Salvador Monseñor fue atacado por todos los obispos salvadoreños con la excepción de Mons. Rivera. Esto puede parecer hoy sorprendente y desconcertante, pero en su día fue de dominio público. Varias veces sus hermanos obispos se pronunciaron contra él. Cuando junto con Mons. Rivera publicó su tercera carta pastoral sobre "La Iglesia y las organizaciones populares" -–magnífica carta tenida internacionalmente como pionera sobre el tema-–, los otros cuatro obispos publicaron un breve mensaje en el que la contradecían. El mismo Monseñor dejó escrito en su diario espiritual, un mes antes de ser asesinado, que uno de sus grandes problemas, junto al miedo a la muerte que preveía cercana y su vida espiritual -–preocupación ésta de alma delicada-–, eran sus hermanos obispos. "Otro aspecto de mi consulta espiritual... fue mi situación conflictiva con los otros obispos" (25 de febrero de 1980). De hecho, sólo Mons. Rivera asistió a su entierro. Y hasta el día de hoy algunos de ellos siguen expresándose en su contra. En la reciente vista de Juan Pablo II a El Salvador, en 1996, cuando el papa preguntó a los obispos qué pensaban de la canonización de Monseñor, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal respondió que Monseñor Romero había sido responsable de 70,000 muertos.

Y en el Vaticano las cosas no fueron muy diferentes. El nuncio estaba en su contra. En la congregación para los obispos se pensó seriamente en destituirlo o anularlo, dejándolo como figura decorativa con un administrador sede plena con plenos poderes. En poco más de un año, el Vaticano envió tres visitadores apostólicos -–medida extrema que normalmente se utiliza cuando hay serios y graves problemas en una diócesis. Con el papa Pablo VI le fue bien, y salió confortado de su visita en 1977, pero la primera visita a Juan Pablo II fue dolorosa, pues el papa no pareció apreciar la gravedad de la persecución a la Iglesia salvadoreña y más bien le puso en guardia de hacer el juego al comunismo. Muy distinta será su actitud posterior, pero en aquel entonces Monseñor Romero dejó el Vaticano triste y lloroso, buscando consuelo en el cardenal Pironio y en el Padre Arrupe, expertos también en incomprensiones vaticanas.

Después de su asesinato -–aunque no fuese más que por pudor-–, la tesis oficial, que sospechaba del ministerio de Monseñor, se hizo más benigna, pero en definitiva seguía siendo de desaprobación hacia su persona: Monseñor habría sido una buena persona, pero ingenuo y sin personalidad, de lo cual otros se aprovecharon para manipularlo, sobre todo los jesuitas. La verdad es que Monseñor Romero, con su fidelidad a Medellín y Puebla, al Evangelio y a los pobres, introducía el conflicto en la Iglesia, sacaba a luz actitudes eclesiales poco coherentes, y con su ejemplo interpelaba a la honradez. Por ello la oposición fue honda y las cosas sólo cambiaron con el viaje de Juan Pablo II a El Salvador en 1983. En aquellos años nada hacía pensar que la Iglesia oficial estuviese interesada en canonizar a Monseñor.


(b) La segunda dificultad para la canonización, no decisiva, pero que sí hay que tener en cuenta de alguna forma, proviene del conflicto que aquélla puede generar con gobiernos y otros poderes, conflictos que, en la medida de lo posible, se desean evitar. En el caso de Monseñor -–y dada la cercanía de los hechos–-, la canonización es objetivamente una provocación -–inevitable, no antojadiza–- para muchos de los poderosos en El Salvador. En efecto, al canonizarlo, se está proponiendo como cristiano y como ser humano ejemplar, digno de imitación y beneficioso para el país, a quien ha sido odiado y difamado hasta el extremo”.

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, nuestro arzobispo Mártir, todos  los  “primeros de mayo”  día de los Trabajadores, acompaña  a los trabajadores salvadoreños. 

¡¡¡Monseñor ya es nuestro San Romero de las Américas!!!  ¿Quién dijo miedo a la derecha  de la iglesia católica  y al Opus Dai.

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Corte Suprema debe declarar inconstitucional la Ley de Amnistía



Recientemente, se han presentado peticiones del amparo a la  Sala de lo Constitucional en contra de la ley de Amnistía, ya que muchos salvadoreños  consideran que dicha ley   es inconstitucional y que aprobó  el ex presidente  Alfredo Cristiani, los diputados de ARENA y el PCN: Luis Roberto Angulo Samayoa, Ciro Cruz Zepeda Peña, José Rafael Machuca , Rafael Antonio Morán Orellana, Carlos Remberto González, José Roque Calles Amaya, Marcos Alfredo Valladares, Carlos René Calderón y Julio Ángel Sorto.

Ley  de amnistía   de 1993 dice: Artículo 1: “Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos”.

Sábado 11 de noviembre de 1989, a las 8 de la noche  el Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional FMLN, inicia la ofensiva “Hasta el tope Febe  Elizabeth Vive”, como periodista que trabajaba  en diario El Mundo y como director de noticias de YSKL la “poderosa” “cubrí”  la ofensiva  que ocurrió en 12 de los  14  departamentos del país.

Llevábamos 9 años  de guerra civil y los Estados Unidos estaban “metidos de cabeza”  en esta guerra  favoreciendo al gobierno y al ejército salvadoreño  con 2 millones de dólares diarios y en los 9 años  quedaron 80 mil salvadoreños  desaparecidos y asesinados por los  “escuadrones de la muerte” y el mismo ejército  salvadoreño .

El jueves  16 de noviembre  a las  5.30 de la mañana , recibo la llamada  del director de diario el Mundo –don Cristóbal  Iglesias – y me dice “Hurtado, hubo un atentado contra el padre Ellacurìa  en la  UCA” y a pesar del peligro que representaba  salir  en la madrugada  durante el “toque de queda”  me dirigí  a  la UCA y al llegar  al monumento del “Hermano lejano” el boulevard  de los Próceres estaba totalmente lleno de soldados  con uniforme de  fatiga,  portando armas de grueso  calibre  y vehículos blindados  y aun así, con una bandera blanca en el carro y con un rótulo de prensa en el vidrio, pasé  lentamente entre los soldados  y  los vehículos     blindados .

Buscando el supuesto atentado, llegué  al edificio “Torre Democracia” y pasé por  la UCA , luego di vuelta por la parte trasera y llegué  a la Avenida Albert Einstein  y en el portón cercano  de la universidad,  habían soldados  y personas civiles y al llegar– por  la parte trasera- al dormitorio de los jesuitas , me encontré con los cadáveres  de  4 jesuitas, entre  ellos  el Padre Ellacurìa, que tenían destruidos  a balazos  sus cuerpos y sus cabezas  en “charcos” de sangre , 2 de  ellos boca abajo. Cuando ingreso al dormitorio, encuentro  -en dos cuartos- 2 cadáveres más de sacerdotes jesuitas  y al salir bajo unas gradas y llego  a una pequeña sala  donde estaban  los cadáveres de  2 mujeres, madre e hija que también fueron destruidas  sus cabezas  a  balazos, ambas estaban abrazadas.

Tomé fotografías, busqué información  y pegada a la entrada encontré una bandera  roja que decía “FMLN” y una leyenda “por traidores” y un oficial del ejército me agregó “fueron los terroristas del FMLN”, acusación  que nunca creí. Ahora 24 años después del asesinato,  la audiencia   nacional de España ordena la búsqueda y  captura de  20 militares  que participaron material e intelectualmente  en este crimen  de lesa  humanidad: “El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, procesó a los uniformados por ocho asesinatos y un delito de lesa humanidad cometidos el 16 de noviembre de 1989. Además, pidió su captura internacional. Si se logra la detención, los militares deberán esperar la condena tras las rejas, ya que Velasco no contempla la posibilidad de que paguen fianza.

Los hechos ocurrieron cuando el batallón Atlacatl   del ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; a los sacerdotes de la misma nacionalidad, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes , Ignacio Martín Baró y al salvadoreño Joaquín López y López, así como a la cocinera Elba Julia Ramos y a su hija Celina.

Uno de estos militares  responsables  del crimen está siendo juzgado  en los Estados Unidos, se trata del Coronel Inocente  Orlando Montano de 69 años de edad, fue coronel y viceministro de Defensa de El Salvador durante la guerra civil (1980-1992). Paradójicamente, las autoridades migratorias y de seguridad descubrieron que negó su pertenencia a la institución castrense salvadoreña, así como también el haber recibido capacitación para manipular armas de guerra y el uso de las mismas durante el conflicto armado.

Otro militar que puede ser deportado a El Salvador es el general  Eugenio Vides Casanova, quien era el director de la Guardia Nacional y responsable intelectual del asesinato  de 4 monjas  Maryknoll.
La Corte Suprema  debe cumplir  con tratado de extradición con España  para  juzgar a los militares responsables  y la sala de lo Constitucional debe  declarar  ilegal la Ley de Amnistía ¿Quién dijo miedo Corte Suprema de Justicia?

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SITCCOR y la herencia de manoseo político en la CCR


SITCCOR y la herencia de manoseo político en la CCR




Sindicalistas del ente contralor piden celeridad a diputados en la elección de magistrados

Por Gerardo Arbaiza

SAN SALVADOR – Dicen no tener compromisos políticos, pero demandan a la Asamblea Legislativa que le de cumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y así poner fin a más de un mes de acefalía en la Corte de Cuentas.

El Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR), primer ente de estas características en la historia de la institución, dijo este miércoles que la no elección de magistrados está afectando los procesos en el área jurisdiccional.
“Las auditorías de los distintos ministerios se pueden detener, porque de repente nos podemos quedar sin combustible”, menciona el Secretario General de SITCCOR, Milton Cruz.

Cruz añade que hay temor en los mandos medios de la CCR en seguir operando, ya que podrán estar cayendo en ilegalidades al seguir con los procesos.

También señalan que la administración de la Corte ya ha girado instrucción a todos los empleados para que hagan uso racional de los recursos y además alegan que no se están compensando horas extras.

René Hurtado, Secretario de Propaganda del SITCCOR, repasó en la historia de manoseo político que ha caracterizado a la Corte de Cuentas desde su fundación en 1940 y sostiene que el motivo de lucha de su gremial es impedir que los empleados de la institución no sean instrumentos de partidos políticos, como en su momento lo fueron del PCN.

ContraPunto toca algunos tópicos referentes al pasado y el presente de la Corte de Cuentas, con los directivos de su sindicato.

¿Las prácticas de instrumentalización política de los empleados de la Corte de Cuentas, cambiaron durante la gestión de los magistrados que fueron declarados inconstitucionales?
Milton Cruz: Al menos en esta gestión no las observamos cómo se venían dando anteriormente. No podemos presentar quejas en cuanto a esta administración, porque se ha interrumpido, pero sí en las gestiones anteriores se presentaron casos, tanto en las áreas administrativas y operativas, quienes se metieron en cuestiones de proselitismo en fines de semana y en días laborales.

¿Estas prácticas iban a favorecer al PCN?
Milton Cruz: En su momento era el partido que tenía la administración. En el caso del instituto político que usted menciona, además que benefició a cierto sector con su funcionamiento en la Corte, también afectó a mucha gente y estas situaciones deben quedar atrás.

¿Qué tan cierto es que la CCR se volvió más eficiente con la llegada de los magistrados que fueron declarados inconstitucionales?
Milton Cruz: La Corte de Cuentas se está modernizando a través de controles de calidad, auditorías hechas en el momento que la gente necesita. Aquí hay un departamento de atención ciudadana, en el que la gente pone su denuncia y las personas encargadas le dan el trámite para darle seguimiento.

¿Al pedir una elección conforme a la Constitución quieren garantizar que ya no se regrese a las prácticas de instrumentalización política al interior de la Corte?
Milton Cruz: Cualquier intención que pueda traer algún presidente o magistrado a la Institución, la vamos a detener como sindicato, las denuncias se van a poner y no vamos a permitir que se atropellen los derechos de los trabajadores. Si se quiere, los compromisos políticos se dejan para después de las 4 de la tarde.

René Hurtado: En esta elección hay 74 aspirantes a estos cargos ¿Por qué se tiene que elegir a un miembro de un partido
¿Ustedes vieron mayores facilidades para constituirse como sindicato en la gestión que se vio interrumpida por la sentencia de la Sala?

Milton Cruz: El mismo derecho que nos da la Ley nos faculta a formar este sindicato y las mismas necesidades de la institución apresuraron nuestra conformación.

Macla Torrez (Secretaria de conflictos): A lo mejor si hubiésemos podido surgir en los tiempos del PCN, pero estaba el temor y no había personas con el ímpetu para hacerlo.
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Asocio Público y Privado ¿Neoliberalismo de izquierda?




El Neoliberalismo, que implementó ARENA al entrar con su gobierno en 1989,fue la base del sistema capitalista que terminó con los bienes del Estado, posándolos  a  la empresa privada y a inversionistas extranjeros, ejemplo de esta descabellada actitud de la derecha  Arenera, fue la venta  de la Asociación  Nacional de Telecomunicaciones ANTEL, la distribución del sistema eléctrico del país, la venta del sistema bancario de El Salvador, la refinería de Acajutla, los Ingenios azucareros, etcétera.

El partido ARENA intentó privatizar la educación pública y privada, el agua potable, la salud, y el golpe  más fuerte para la  destrucción de la economía  y el futuro de los salvadoreños fue obligarlos a afiliarse  a la Administración de Fondos Públicos AFPs, que actualmente están integradas en un monopolio. En el  año 2011 al llegar  el presidente  de Estados Unidos Barack Obama, suscribió con el presidente Mauricio Funes un Asocio para el Crecimiento, que incluye un asocio público  privado y según la embajada de Estados Unidos dice: “ El objetivo del programa es identificar temas clave o barreras que impiden el crecimiento de El Salvador y unificar los esfuerzos de ambos gobiernos, así como los de donantes internacionales, para eliminar esas barreras.

El Salvador es uno de los cuatro países en el mundo seleccionados para participar en este programa, y es el único en el hemisferio occidental. Los otros países son Ghana, Tanzania y Filipinas”.

El Decreto para implementar este asocio para el crecimiento, ya fue presentado por el gobierno  a la Asamblea Legislativa y según el FMLN, no están dispuestos  a dar  sus votos  para este tipo de proyectos.

De acuerdo a lo publicado por  en el Blog politiqueando.com, descalifican  este acuerdo con los Estados Unidos.

“Los Asocios darán continuidad a la ola privatizadora que comenzó a finales de la década de los ochenta del siglo pasado. Pondrán los pocos bienes que aún conserva el Estado salvadoreño en manos de inversionistas privados, principalmente estadounidenses.

La primera ola de privatizaciones en El Salvador comenzó con la venta de activos del Estado. La  banca, los ingenios azucareros, ANTEL y la privatización de las compañías distribuidoras de energía eléctrica. Otra modalidad de privatización, parecida a los Asocios, fue la concesión de servicios públicos.Bajo esta modalidad, FEPADE recibió la administración del Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA).

La diferencia entre las concesiones que se dieron en el pasado y los Asocios es que antes el Estado era el responsable de los servicios y la empresa privada los suministraba. En los asocios el responsable del proyecto, mientras dure la concesión, será la empresa privada. El gobierno central solo aprobará los proyectos de Asocios y participará en la formulación de las bases de las licitaciones, a través de PROESA.

Según el Secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia, la ley ha sido diseñada para atraer inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras; dichas empresas podrán invertir en el país entre $50 y $200 millones con proyectos que mejoren la infraestructura del país.

La realidad se ha repetido muchas veces: es que la inversión extranjera en El Salvador es la más baja de Centroamérica y la inversión no crece porque el mercado interno es muy estrecho  no hay demanda dicen los empresarios, pues el poder de compra de los salvadoreños no se expande porque los salarios son muy bajos. Con o sin los Asocios, El Salvador no será un país atractivo para la inversión”.

Ante esta situación planteada, el Asocio Público Privado es familiar cercano del liberalismo  y si el presidente Funes  firmó -por compromiso -con el presidente Obama sin importarle lo poco  que le queda  al pueblo salvadoreño, es lamentable. Si la asamblea Legislativa llega a aprobar   por 56 votos el Asocio Público Privado, la izquierda del FMLN quedará señalada como cómplice  de la extrema derecha capitalista.

El FMLN no debe apoyar ésta medida y que termine de una vez por todas,  ese dominio de los Estados Unidos  ¿Quién  dijo miedo  señor Obama y Señor Funes?

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La Constitución de la República hay que entenderla




Desde hace varios años, los partidos ARENA,PCN,y PDC manipulan las leyes en la Asamblea legislativa y se han apoderado de la Corte de Cuentas  y Corte Suprema.

En la actualidad, la asamblea sigue el mismo camino, en el caso de los elegidos para cargos públicos ¿Qué podemos hacer?

“El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, ante el comunicado, por medio del cual la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expresa, queda por no cumplida la sentencia 49-2011, declarando así como no válida  la elección realizada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo del corriente año de los licenciados Gregorio Sánchez Trejo, al cargo de Presidente de la Corte de Cuentas de la República,de Javier Bernal y Silvia Aguilar Zepeda como Magistrados de la misma institución;expresa:

I.     Hacemos un reconocimiento de respeto a las personas antes mencionadas que han sido electos por la Asamblea Legislativa como Magistrados para la conducción de la Corte de Cuentas de la República en tanto que creemos que gozan de los méritos suficientes y llenan los requisitos establecidos en la Constitución de la República, para asumir esas responsabilidades

II.   Lamentamos que la Sala de lo Constitucional haya emitido un pronunciamiento desconociendo una vez más la legalidad y la legitimidad de la decisión tomada por la Asamblea Legislativa y al mismo tiempo vetando a estos profesionales para ejercer esa función, porque consideran que no está demostrada su honradez y competencia notoria.

III.     No obstante esta extralimitación de la Sala de lo Constitucional, el FMLN expresa una vez más su disposición a buscar una solución dentro del marco del respeto ala institucionalidad, en aras de garantizar la estabilidad política y jurídica del país,  el respeto a la independencia de las instituciones del estado y a los preceptos constitucionales.

Comisión Política FMLN

San Salvador, 22 de Marzo de 2013”

A continuación un análisis  de esta situación  con abogados:
Algunas consideraciones sobre la resolución de seguimiento de la sentencia de la Corte de Cuentas

Competencia de la sala.

La sala tiene la competencia de darle seguimiento al cumplimiento de las sentencias de inconstitucionalidad que emite.

El mandato constitucional de la sala es el de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, al igual que todos los jueces del país en su materia. (art. 172 cn.)
La sala le da seguimiento al cumplimiento de sus sentencias en otros casos, en los 3 procesos que conoce.Determina mediante una resolución si se ha cumplido o no la sentencia con los efectos correspondientes en cada caso. Si se ha cumplido se archiva el caso.Hay varios precedentes que se pueden citar. Resoluciones de la sala de marzo,2013.

Estas resoluciones son facultades de la sala que se desprenden del mismo mandato constitucional de “hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional.” Es decir, hacer cumplir la sentencia emitida en enero.
En el presente caso no se está enjuiciando a los magistrados ni sus conductas, sino el procedimiento de la Asamblea Legislativa.


Resoluciones de la sala.

Las dos resoluciones de la sala de marzo del presente año, fueron firmadas por 4 magistrados, votos que se requieren en los  procesos de inconstitucionalidad. Se dan en el marco del seguimiento de la sentencia.

La primera el día lunes 18 de marzo mediante la cual se pedía un informe urgente sobre la forma en que iba a cumplir la sentencia, recordándoles los parámetros, consideraciones y fallos de la sentencia, dado que el plazo otorgado estaba por vencerse.

La segunda resolución se firmó en sesión de sala celebrada el día jueves 21 de marzo, un día después de conocerse la más reciente elección de la Corte de Cuentas
Las dos resoluciones son de seguimiento de la sentencia de 23 de enero de 2013, no constituyen una nueva sentencia.

No era obligatorio para la sala esperar una nueva demanda de inconstitucionalidad e instruir un nuevo proceso,porque el acto de la elección más reciente se daba en el marco del seguimiento del cumplimiento de la sentencia.

No es, por lo tanto, un nuevo acto desligado de la primera elección, porque se da en cumplimiento de la sentencia.

La última elección, para la sala,no se ajustó a los parámetros y decisiones de la sentencia. Por ello, se declaró que no se ha cumplido la sentencia, y que no podía producir efecto jurídico constitucional alguno. No se trata por ende, de una destitución de magistrados.

La sala no está destituyendo a nadie. El efecto de la sentencia es el que trae consigo que los magistrados no puedan ejercer el cargo porque la elección está viciada, y la  sentencia no está cumplida.

Seguimiento de la sentencia.

Los magistrados que firmaron la sentencia son los que están obligados a darle seguimiento a su cumplimiento y no los que están en contra.

El magistrado presidente votó en contra en la sentencia de enero, por lo tanto estaba excluido de la responsabilidad de darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia, por lo que no era obligatorio convocarlo para discutir en sala la resolución de seguimiento. Por lo tanto, el hecho que el no haya convocado a sala no invalida la sesión ni las resoluciones adoptadas por la mayoría.

La sesión de sala de seguimiento de la sentencia se celebró un día después de que se conoció notoriamente la forma en la que la Asamblea legislativa pretendía darle cumplimiento a la sentencia.

Para emitir la resolución, la sala no tenía que esperar la publicación en el diario oficial porque no se trata de una disposición o cuerpo legal, sino de un acto concreto que no requiere de la publicación para su validez, se concretiza con la elección y juramentación.

La sala aplicó supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil para dar por conocida notoriamente la elección por su difusión pública en la misma TV de la misma asamblea.

La sentencia, al firmarse por lo menos por 4 magistrados, no se archiva, sino que a partir de ese momento se inicia el proceso de verificación de su cumplimiento y hasta entonces se archiva cuando la sala la da por cumplida mediante resolución posterior.

La sala no excede sus funciones procedimentales al emitir este tipo de resoluciones. Las resoluciones tienen,por tanto, validez jurídica.


Derechos políticos de los afiliados a partidos.

La sala no ha declarado que los ciudadanos afiliados a partidos políticos no tengan  derecho de acceso a cargos públicos, tal como  lo reconoce el art. 72 de la constitución.

Por regla general, todos los afiliados a partidos pueden optar a cargos públicos, salvo en aquellos pocos casos en los que la función del cargo exija independencia funcional, tal como se exige a todos los jueces de la república y a los magistrados de la Corte de Cuentas, por la naturaleza jurisdiccional del cargo que desempeñan.

La sala lo que ha fallado se refiere únicamente a los partidarios o dirigentes que quieran optar al cargo de magistrado de la corte de cuentas y no respecto de todos los cargos públicos.

El derecho a optar a cargos públicos se ve limitado para aquellos que militan o dirigen partidos políticos y quieran optar a cualquier judicatura del país, a fin de garantizar con ello la independencia del órgano a constituir como lo es en este caso  la corte de cuentas.

La función que ejercen los órganos de control del estado exigen independencia de sus miembros.
No es imprescindible que exista una prohibición expresa en la constitución relativa a que los magistrados de la corte de cuentas no pueden estar afiliados a partidos o ser miembros de dirección de los mismos, ya que por la naturaleza mismas del cargo y de las funciones de la corte de cuentas, la militancia o dirección partidaria es incompatible con dichas funciones.

Por esta misma razón tampoco los jueces de la república pueden hacer política partidista. Los magistrados de la corte de cuenta también son jueces.

La constitución no dispone expresamente de una prohibición para los jueces del país, pero no por ello se entiende que tienen permitido participar en política partidista.

Hay quienes sostienen que lo que no está prohibido en la ley está permitido, invocando el art. 8 cn., principio de libertad que se aplica solo a los particulares y no a los funcionarios del estado. A estos se les aplica el art. 86 cn. Último inciso, mediante el cual los funcionarios solo tienen las facultades que les reconoce expresamente laley.

Función jurisdiccional

La Corte de Cuentas  es independiente. (art. 195 cn.) Ejerce jurisdicción.  Los magistrados forman parte de la cámara de segunda instancia con funciones de jueces de cuentas.

La Corte de Cuentas  tiene como mandato: fiscalizar la hacienda pública y la ejecución del presupuesto de la nación;  vigilar los ingresos y gastos del estado, por todos los funcionarios públicos. Art. 195 cn.

Tiene funciones jurisdiccionales,otorgadas directamente por la constitución y fuera del órgano judicial. Art.196 cn.
Los requisitos para ser magistrado; salvadoreño; 30 años; goce de sus derechos político; honradez y competencia notoria.

La sala no ha aumentado requisitos, sino que ha interpretado el carácter independiente de las funciones de la  Corte de Cuentas  y  ha sostenido que es incompatible con la participación en política partidaria, ya que los magistrados de la  Corte de Cuentas son jueces y ejercen jurisdicción.

Además, los funcionarios públicos están al servicio del estado. No están al servicio de una fracción política determinada. No pueden prevalecerse del cargo para hacer política partidista .Art.218 cn.

¿Quién dijo miedo diputados?
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