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Opinión

Comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional

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Sala declara inconstitucional el nombramiento del General Munguía Payés como Ministro de Seguridad Pública y del General Salinas como Director de la PNC.

En sentencia emitida el día de hoy, la Sala declaró la inconstitucionalidad del nombramiento del General David Victoriano Munguía Payés como Ministro de Seguridad Pública y Justicia, y del General Francisco Ramón Salinas como Director General de la Policía Nacional Civil (PNC).

Lo anterior, debido a la vulneración del art. 159 inc. 2° de la Constitución, el cual establece la separación de funciones de la defensa nacional y la seguridad pública, y la independencia de la PNC con respecto a la Fuerza Armada; además, por la infracción al art. 168 ord. 17° de la Constitución, al transgredir la obligación expresa de que la dirección de la PNC se encuentre a cargo de “autoridades civiles”.

En su sentencia, la Sala estableció que existe una prohibición constitucional de nombrar a un militar como Ministro de Seguridad Pública y Director de la PNC, independientemente del tiempo transcurrido desde su orden de baja, debido a que su formación militar es incompatible con la nueva doctrina de la seguridad pública proveniente de las reformas constitucionales aprobadas en el marco de los Acuerdos de Paz (art. 158 y 168 ord. 17 de la Constitución). En ese sentido, los Generales nombrados para los cargos antes señalados, aún cuando han sido dados de baja por el Presidente de la República, conservan su condición de militares, y por lo tanto, su nombramiento es inconstitucional.

El efecto inmediato de la sentencia consiste en que queda invalidado, a partir de esta fecha, el nombramiento del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el Director General de la PNC. El Presidente de la República deberá proceder a nombrar a autoridades civiles quienes habrán de sustituirles, cumpliendo con los requisitos y las condiciones constitucionales que garanticen la separación orgánica, funcional y subjetiva entre defensa nacional y seguridad pública.

La sentencia fue firmada por los Magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González.

San Salvador, 17 de mayo de 2013.

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