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Opinión

Movimiento de empleados de la Corte Cuentas de la República (Por: Auditor)

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Por: Auditor


Movimiento de empleados de la Corte de  Cuentas de la República


Desde el 25 de julio del presente año, cuando la Asamblea Legislativa  eligió al actual presidente de las Corte de Cuentas Rosalío Tóchez, los trabajadores de la Corte de Cuentas  tuvieron la esperanza que el nombramiento del nuevo presidente llevaría tranquilidad a la institución, después de haber pasado por un proceso de acefalía, pero lamentablemente,a partir de sus declaraciones en la Radio, en los periódicos y la televisión, el presidente Rosalío Tóchez se dedicó a atacar las prestaciones de los trabajadores, lo que  ha provocado  incertidumbre  y división entre los  empleados, poniendo en práctica el “divide y vencerás”.

A los pocos días  de estar  en funciones, los directivos del sindicato trataron  de dialogar  con él, pero  los dejó “plantados” en  la séptima planta “no sin antes pedirles   que no le quiten el tiempo” y estos trabajadores salieron humillados de la “sala de espera”.

La asociación deempleados ADECC, le pidió audiencia al presidente Tóchez, y en una oportunidad, también fueron humillados, a tal extremo de haberles retirado la secretaria  y  eliminarles la oficina sindical  y por esta situación, el presidente Rosalío Tóchez aprovechando  un proceso judicial  de La Prensa Gráfica en contra de 2 miembros de la junta directiva ADECC, tomó la decisión de suspender a ambos directivos, mientras el tribunal respectivo  resuelve  la inocencia  o la culpabilidad de  los sindicalistas.

En sus primeras platicas manifestó no estar de acuerdo con las prestaciones   de los empleados de la Corte de  Cuentas, por ejemplo: El Seguro médico, que hasta la fecha no ha realizado la nueva contratación; el seguro de vida colectivo;las 2  Bonificaciones  al año y  el retiro voluntario  o indemnización universal y que el empleado de la Corte puede solicitarlo de manera voluntaria, tal como está plasmado  en el “artículo 29  del Reglamento Interno de la Corte de Cuentas” y que ha  sido el esfuerzo de la lucha de los trabajadores.

El problema actual que ha provocado el presidente Rosalío Tóchez, es haber publicado  el Decreto Ejecutivo N° 33 en el Diario Oficial  mediante el cual, violando la Constitución de la República está eliminando la compensación  de la Indemnización universal, que le corresponde  a los trabadores de la Corte de Cuentas, a la Asamblea Legislativa; la Corte Suprema de  Justicia; la Comisión Ejecutiva del Rio Lempa CEL  y de otras instituciones de gobierno, que gracias a las luchas de los trabajadores se han logrado.

El Articulo 11  de dicho decreto amenaza  a todos los empleados de las instituciones de gobierno que estén pensionados y que estén trabajando  y  a los empleados  que tienen 60 años y no se hayan pensionado,  a que renuncien a sus empleos   antes del  31 de  diciembre  para tener derecho a esa compensación de retiro voluntario   o caso contrario, pueden seguir trabajando pero no gozaran de la compensación.

Lo grave  de esta ilegalidad  es que  ha sido nombrado como Director de  Recursos  Humanos  José  Gilberto Romero Tobar, quien   está  llamando a los empleados “amenazándolos a que renuncien de inmediato, caso contrario perderán el bono, el aguinaldo y para el mes de enero, la presidencia anulará las plazas por contrato  y ley de salario” .

Este   Decreto a todas luces ilegal e inconstitucional en contra de los trabajadores, tendrá  una respuesta de los sindicatos  y asociaciones de las instituciones de gobierno, al presentar  demandas de inconstitucionalidad  en la Corte  Suprema de  Justicia  y exijan  a  la Asamblea  Legislativa  que  “llame la atención al presidente Rosalío Tóchez para que anule ese decreto que provocará problemas  laborales y políticos  al presidente Funes y al Partido  FMLN  para las próximas elecciones.

De acuerdo a la Directora  del Diario Oficial, este Decreto ejecutivo  N° 33  aparecerá publicado  en el Diario Oficial 184, Tomo N°401  del 4 de octubre del presente año y se espera que las organizaciones sindicales con sus abogados, presenten una demanda de inconstitucionalidad  y se exija  la suspensión del Acto Reclamado  a la Sala de lo Constitucional. Los empleados de la Corte de Cuentas exigimos se respeten  las prestaciones logradas por los trabajadores.


CAMPO PAGADO Diario El Independiente 10 de octubre de 2013






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