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Opinión

Corte de Cuentas: “Candil de la calle oscuridad de la casa”

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Recientemente, el presidente de la Corte de Cuentas Licenciado Rosalío Tóchez en conferencia de prensa dijo:“Las irregularidades que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ocultó en auditorías entre 1999 y 2003 le costaron al Estado salvadoreño $5.2 millones. Así lo reveló Rosalío Tóchez, al divulgar los resultados de una ‘auditoría especial’ en archivos que confirman la millonaria pérdida para los contribuyentes”.

“Tóchez no quiso entrar en detalle de cuáles son las instituciones en que se encontraron los hallazgos, es decir,las observaciones dentro de los procesos de auditoría que la Corte de Cuentas realiza. (Los casos) son tan emblemáticos que solo el hecho de que se hayan ido a la gaveta mayor costó $5,290,000”, aseguró Tóchez.

“Establecimos que entre 1999 y 2003 mandaron a los archivos 138 expedientes que nunca se reclamaron, y nunca interrumpieron las famosas prescripciones. Eso le cuesta al Estado $5,290,000. Además, otros 117 expedientes con hallazgos fueron archivados  informó que aún no se ha cuantificado la pérdida por esos otros casos, por lo que la millonaria pérdida podría aumentar”.

De  acuerdo a informes, el Licenciado Tóchez ordenó traslados  de empleados  de otras áreas al archivo–aun  sin consultarlo a los empleados–en su mayoría abogados y que ahora están “escudriñando”todos los documentos archivados especialmente en los últimos 23 años.

De igual manera, otros empleados fueron trasladados a la 6ta planta de la institución con la orden de investigar cada uno de los documentos que se encuentran en la Cámara de Segunda Instancia, que en muchos casos también han sido ocultados o los han dejado en el olvido.

Para los empleados de la Corte de Cuentas, estas declaraciones que dio el Licenciado Rosalío Tóchez  han sido aplaudidas y criticadas por otros, tomando en cuenta que la nueva administración–según los empleados–ha nombrado como  Director  de Recursos Humanos  a José  Gilberto Romero Tobar,  y  el Gerente General Milton Jerónimo Rodríguez Pineda–y debido al Decreto 33 que ordenó el presidente Lic.Tóchez  publicar en el Diario oficial–han estado “amenazando a los empleados para  que renuncien  antes del 31 de diciembre del presente año, ya que el dinero se va a terminar y de esta manera, tendrán derecho al pago de la indemnización universal”,que les corresponden de acuerdo al artículo 29 del Reglamento Interno de la Corte de  Cuentas.

Esta situación  me hace recordar  a mi abuela  y a mi madre, cuando nos decían “tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa”, comparando  la actitud  de  una persona “que fuera de casa es alegre, generosa, dedica tiempo y dinero a sus amigos, etc... y que, en cambio, en su propia casa no da ninguna alegría ni satisfacción a sus familiares, se despreocupa de la economía doméstica y del bienestar de los suyos (de su familia), no les dedica tiempo porque lo pasa fuera de casa, no le llega el dinero para ocuparse de sus hijos porque se lo ha gastado,...”

En otras palabras dentro del personal de la Corte de Cuentas existe incertidumbre y miedo cuando el Decreto 33 ordena, que los empleados pensionados y que siguen trabajando no tendrán derecho a la “indemnización universal”y los empleados mayores de 60 años que no se hayan pensionado, sino renuncian antes 31 de diciembre no tendrán derecho a la “indemnización universal”.

Al conversar  con mi amigo el Licenciado Félix Ulloa del  IEJES me enteré, que algunos empleados están pidiendo  que dicha institución presente  una petición de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y que  solicite  la suspensión del “acto reclamado”.

Algunos diputados de la Asamblea Legislativa ya declararon que ese tipo de Reglamento del Licenciado Tóchez “está fuera de la jurisdicción de la Corte de Cuentas, ya que la Asamblea Legislativa  es el único órgano que puede  dictar este tipo de leyes”.

Algunos magistrados de la Corte Suprema dijeron que el presidente Tóchez se ha “sobrepasado en sus funciones y amerita revisar esta situación”. La Sala de lo Constitucional  hace  algunos meses  dio a conocer una resolución a la Asamblea Legislativa, donde le ordena  respetar  la “Indemnización Universal”  que contiene la  Constitución de la República de 1983 y esta decisión del Presidente Tóchez,“es un acto Inconstitucional  y también viola uno de los artículos de la Ley de pensiones”.

 Según  nota enviada  a  los empleados de la Corte de Cuentas de fecha 15 de mayo de 2012 señala “…Que debido a la publicación del Decreto Legislativo 1036 del treinta de mazo de dos mil doce en el Diario Oficial N° 63 tomo 394 de la misma fecha, mediante el cual se reformaron los artículos 13,16,91,223,223A   de la Ley del Sistema  de Ahorro para Pensiones  y en el que establece en el romano II que los empleados mayores de la edad legal de retiro, es decir mujeres mayores de 55 años de edad y hombres mayores de 60 años que continúen trabajando y que no se hayan  pensionado por  vejez, invalidez total o recibido devolución de saldo será obligatorio seguir  cotizando al Sistema  de Ahorro para Pensiones”.

Las leyes del país  no prohíben las prestaciones  a los pensionados  ni a los mayores de 60 años. 
¿Quién dijo miedo al Decreto 33?

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