Hemos
recibido una nota editorial escrita
por Miguel Mármol relacionada al
decreto ilegal de la Corte de Cuentas
que obliga a pensionados y a los
mayores de 60 años a renunciar de sus
trabajos sin recibir indemnización.
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Reglamento del pago de indemnización de los trabajadores
de la Corte de Cuentas es
inconstitucional
Por:
Miguel
Mármol
El 25 de
septiembre, el presidente de la Corte de
Cuentas Rosalío Tóchez ordenó publicar en el Diario Oficial 184 Tomo N° 401 del 4 de octubre del presente
año, el Decreto 33 mediante el cual, ordena
a todas las instituciones de
gobierno, que gozan del retiro voluntario con el pago de la indemnización universal,
como parte de las prestaciones que han
logrado los trabajadores del gobierno.
Dice este
decreto, que aquellos trabajadores que
se encuentren pensionados o
jubilados y que continúan trabajando, no tendrán a dicha compensación, de igual
manera dice que no tendrán derecho al
pago por retiro voluntario, aquellos
trabajadores, que cumpliendo la edad requerida
de 60 años y no se hayan
pensionado sigan trabajando. Pero el
Decreto agrega, “tampoco tendrán derecho
al beneficio de pago de compensación por retiro voluntario los funcionarios
públicos que laboren en ella y que su
nombramiento provenga de elección popular (diputados) directa o de segundo grado…”
Este decreto
de acuerdo a diputados de la Asamblea
Legislativa y magistrados de la Corte
Suprema de Justicia es ilegal y es una intromisión del presidente de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez, ya que
la única institución que está autorizada
para reformar artículos de la
Constitución de la República y de otras leyes secundarias son los diputados de
la Asamblea Legislativa.
Esta grave
situación de la Corte de Cuentas, mantiene la salud mental de los
trabajadores muy delicada producto del
estrés, y la clínica empresarial, diariamente está recibiendo entre 15 a 20
empleados que exigen atención médica.
El problema
laboral se ha agravado con el
presidente Tóchez, y con los recién
nombrados director de Recursos Humanos José
Gilberto Romero Tobar, y el Gerente General Milton Jerónimo Rodríguez
Pineda que han llegado al extremo de cerrar los locales del sindicato de
trabajadores y la asociación
de empleados de la Corte de Cuentas. Igualmente, estos funcionarios están realizando traslados
de trabajadores a otras plazas con
bajos salarios y la amenaza
del director de Recursos humanos hacia los trabajadores, diciéndoles
que si quieren ganar la indemnización
universal deben renunciar de su
empleo antes del 31 de diciembre y muchos empleados manifiestan, que los
amenazan con despedirlos en enero del 2014,
ya que por órdenes del presidente Tóchez, serán eliminadas las plazas por contrato y Ley de Salarios y a los auditores que no sean contadores
públicos certificados CPC y que no tengan el sello de la Corporación de
Contadores serán sancionados.
Ante esta
situación, los trabajadores de la Corte
de Cuentas exigen al Ministro de Trabajo Humberto Centeno que investigue y a la
Asamblea Legislativa, que llame la atención del Señor Tóchez y a los sindicatos
de las instituciones de gobierno, que presenten amparo a la Sala de lo Constitucional para que
se suspenda el “Acto Reclamado”.
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