Diputado 85'

Opinión

La Corte de Cuentas: La caldera del Diablo

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POR: RENÉ HURTADO

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Desde su creación en 1940, la Corte de Cuentas ha sido señalada –junto a los magistrados que han dirigido esta institución –como la “tapadera de la corrupción” y generalmente ha sido dominada por los partidos de derecha, en su orden, el PRUD, el PCN y ARENA  y por más de 30 años, ha sido dirigida por políticos del PCN, que normalmente, eran los  que cubrían los actos de corrupción de los gobiernos de turno.

Desde hace tres años, la elección del presidente de la Corte de Cuentas y los dos magistrados, ha sido un juego de los políticos de la Asamblea Legislativa, ya que violando los procedimientos que señala  la  Constitución, han elegido funcionarios incapaces y  que han sido miembros de las cúpulas de  los partidos políticos, pero la Sala de lo Constitucional, les ha corregido la plana y los ha declarado inconstitucionales  y por esta razón, han acusado a los miembros de la sala de ser derechistas.

El último caso ha sido  la elección  del actual presidente de la Corte de Cuentas Licenciado Rosalío Tóchez, que fue miembro del Partido Democratacristiano  y fue segundo magistrado de la corte hace 20 años; el primer magistrado Raúl López ha sido señalado por ARENA, como miembro del FMLN y el segundo magistrado Johel Humberto Valiente, lo señalan  como mimbro del partido GANA y de manera conjunta, estos 3 magistrados  han llegado a destruir  al personal de la Corte de Cuentas y al Sindicato, cuyos empleados  cuentan  con más de 10,15 y hasta 30 años de  servicio en la institución, y algunos de estos trabajadores, de acuerdo a la ley, ya están pensionados, pero la misma ley, les permite seguir trabajado y otros trabajadores mayores de  60 años, no se han pensionado y la misma ley, les permite  seguir trabajando y jubilarse  cuando lo crean conveniente.

El presidente  de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez, para congraciarse con el Ministro de Hacienda, con el presidente Funes y con la Asamblea Legislativa, se dieron  a la tarea –desde el ingreso de Tóchez –a elaborar  el famoso Decreto 33, mediante el cual, el artículo 11, que ha sido reformado por señor Tóchez , obliga a los empleados públicos a renunciar sin derecho a cobrar la indemnización universal, que en el caso de la Corte de Cuentas y su Reglamento Interno, el articulo 29 y dentro de las prestaciones de los empleados, obliga a la institución a pagar una indemnización universal  correspondiente  a un salario por año, al tiempo de servicio.

El  2 de diciembre pasado, el presidente Rosalío Tóchez, el Director de Recursos Humanos José  Gilberto Romero Tobar,  y  el Gerente General Milton Jerónimo Rodríguez Pineda, se han convertido  perseguidores  de los empleados para destituirlos  y recuperar plazas para fines políticos  y el 20 de diciembre  recién pasado, Rosalío Tóchez ordenó la destitución de unos 75 empleados anunciando que no renovará los contratos del 2014.En total unos 150 empleados han sido despedidos, algunos de ellos, los hicieron renunciar a la fuerza y les descontaron  parte de su salario, bono y el aguinaldo, cobrándoles un supuesto  descuento en efectivo y entregado  al Departamento Financiero de la Corte de Cuentas.

Muchos trabajadores  presentaron a la Sala de lo Constitucional una Demanda de Amparo pidiendo la “suspensión del acto reclamado”, argumentando la inconstitucionalidad  de la decisión  de Rosalío Tóchez, que ha convertido a la Corte de Cuentas  en la “Caldera del Diablo” apoyada por el Director de Recursos  Humanos José  Gilberto Romero Tobar,  que pertenece  al partido GANA y  el Gerente General Milton Jerónimo Rodríguez Pineda  que es miembro del partido Cambio Democrático  y fue despedido de la Alcaldía de San Salvador  cuando era miembro del Comité   de festejos agostinos  de la alcaldía de San Salvador y ambos, junto a Tóchez son  trabajadores pensionados y mayores de 60 años.

Se conoció ayer  que la Sala de lo Constitucional, examinaría todos los casos  de petición de los trabajadores  de la Corte de Cuentas  que solicitaron el Amparo  – y existe por haber jurisdicción –, que el acto reclamado será suspendido y los contratos serán renovados, ya que la jurisdicción de la sala,  – en el caso de los contratos – la confirmó en la resolución del 19 de diciembre del 2012 , en una denuncia  de amparo contra la Fiscalía General de la República al suspenderle el contrato  de un empleado, resolviendo la sala: “En consecuencia, la finalización de la vigencia del plazo de un contrato no es el criterio determinante para excluir, liminarmente y sin más, la estabilidad de quienes están vinculados con el Estado bajo esa modalidad, ya que, en definitiva, el trabajo no varía su esencia por la distinta naturaleza del acto o de la formalidad que le dio origen a la relación laboral”.

Igualmente, Consejo  Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, ya envío nota al presidente Rosalío Tóchez, tomando en cuenta las denuncias de algunos empleados con discapacidad  que fueron  notificados   de la terminación de su contrato, el cual es ilegal y violador de muchas leyes, incluyendo la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con Discapacidad,  donde  se violaron los artículos 4,7,23 y 36 de la Ley. EL CONAIPD está dirigido por la Dra. Violeta Menjivar, que también funge como Viceministra de Salud.

Algunos sectores políticos consideran,  que tanto  la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa deben promover la destitución del Presidente  de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez, ya que la violación permanente  a la Constitución de la República y su aparente “demencia”, cuyos actos  solamente se comparan a la época de la dictadura militar,  al promover  despidos masivos de la instituciones de gobierno. Por ello los afectados no descartan- si continúan estos atropellos– presentar una demanda de  inconstitucionalidad  a la Honorable Sala,  por el nombramiento   del Presidente  de la Corte de Cuentas y  los 2 magistrados, al igual  que el Decreto 33 que viola la  Constitución de la República

¿Quién dijo miedo  empleados de la Corte?

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