POR: RENÉ HURTADO
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Desde su creación en 1940, la Corte de Cuentas ha sido
señalada –junto a los magistrados que han dirigido esta institución –como la
“tapadera de la corrupción” y generalmente ha sido dominada por los partidos de
derecha, en su orden, el PRUD, el PCN y ARENA
y por más de 30 años, ha sido
dirigida por políticos del PCN, que normalmente, eran los que cubrían los actos de corrupción de los
gobiernos de turno.
Desde hace tres años, la elección del presidente de la Corte
de Cuentas y los dos magistrados, ha sido un juego de los políticos de la
Asamblea Legislativa, ya que violando
los procedimientos que señala la Constitución,
han elegido funcionarios incapaces y que
han sido miembros de las cúpulas de los
partidos políticos, pero la Sala de lo Constitucional, les ha corregido la
plana y los ha declarado inconstitucionales
y por esta razón, han acusado a los miembros de la sala de ser derechistas.
El último caso ha sido
la elección del actual presidente
de la Corte de Cuentas Licenciado Rosalío Tóchez, que fue miembro del Partido Democratacristiano y fue segundo magistrado de la corte hace 20
años; el primer magistrado Raúl López ha sido señalado por ARENA, como miembro
del FMLN y el segundo magistrado Johel Humberto Valiente, lo señalan como mimbro del partido GANA y de manera
conjunta, estos 3 magistrados han
llegado a destruir al personal de la
Corte de Cuentas y al Sindicato, cuyos empleados cuentan
con más de 10,15 y hasta 30 años de
servicio en la institución, y algunos de estos trabajadores, de acuerdo
a la ley, ya están pensionados, pero la
misma ley, les permite seguir trabajado y otros trabajadores mayores de 60 años, no se han pensionado y la misma ley,
les permite seguir trabajando y
jubilarse cuando lo crean conveniente.
El presidente de la
Corte de Cuentas Rosalío Tóchez, para congraciarse con el Ministro de Hacienda,
con el presidente Funes y con la Asamblea Legislativa, se dieron a la tarea –desde el ingreso de Tóchez –a
elaborar el famoso Decreto 33, mediante
el cual, el artículo 11, que ha sido reformado por señor Tóchez , obliga a los
empleados públicos a renunciar sin derecho a cobrar la indemnización universal, que en el caso de
la Corte de Cuentas y su Reglamento Interno, el articulo 29 y dentro de las prestaciones
de los empleados, obliga a la institución a pagar una indemnización universal correspondiente a un salario por año, al tiempo de servicio.
El 2 de diciembre
pasado, el presidente Rosalío Tóchez, el Director de Recursos Humanos José Gilberto Romero Tobar, y el
Gerente General Milton Jerónimo Rodríguez Pineda, se han convertido perseguidores
de los empleados para destituirlos
y recuperar plazas para fines políticos
y el 20 de diciembre recién
pasado, Rosalío Tóchez ordenó la destitución de unos 75 empleados anunciando
que no renovará los contratos del 2014.En total unos 150 empleados han sido
despedidos, algunos de ellos, los hicieron renunciar a la fuerza y les
descontaron parte de su salario, bono y
el aguinaldo, cobrándoles un supuesto
descuento en efectivo y entregado
al Departamento Financiero de la Corte de Cuentas.
Muchos trabajadores
presentaron a la Sala de lo Constitucional una Demanda de Amparo
pidiendo la “suspensión del acto reclamado”, argumentando la inconstitucionalidad de la decisión de Rosalío Tóchez, que ha convertido a la
Corte de Cuentas en la “Caldera del
Diablo” apoyada por el Director de Recursos
Humanos José Gilberto Romero
Tobar, que pertenece al partido GANA y el Gerente General Milton Jerónimo Rodríguez
Pineda que es miembro del partido Cambio
Democrático y fue despedido de la Alcaldía
de San Salvador cuando era miembro del
Comité de festejos agostinos de la alcaldía de San Salvador y ambos, junto
a Tóchez son trabajadores pensionados y
mayores de 60 años.
Se conoció ayer que la
Sala de lo Constitucional, examinaría todos los casos de petición de los trabajadores de la Corte de Cuentas que solicitaron el Amparo – y existe por haber jurisdicción –, que el
acto reclamado será suspendido y los contratos serán renovados, ya que la jurisdicción
de la sala, – en el caso de los
contratos – la confirmó en la resolución del 19 de diciembre del 2012 , en una
denuncia de amparo contra la Fiscalía
General de la República al suspenderle el contrato de un empleado, resolviendo la sala: “En
consecuencia, la finalización de la vigencia del plazo de un contrato no es el
criterio determinante para excluir, liminarmente y sin más, la estabilidad de
quienes están vinculados con el Estado bajo esa modalidad, ya que, en
definitiva, el trabajo no varía su esencia por la distinta naturaleza del acto
o de la formalidad que le dio origen a la relación laboral”.
Igualmente, Consejo
Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, ya envío
nota al presidente Rosalío Tóchez, tomando en cuenta las denuncias de algunos
empleados con discapacidad que fueron notificados
de la terminación de su contrato, el cual es ilegal y violador de muchas
leyes, incluyendo la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con
Discapacidad, donde se violaron los artículos 4,7,23 y 36 de la Ley. EL CONAIPD está dirigido por la
Dra. Violeta Menjivar, que también funge como Viceministra de Salud.
Algunos sectores políticos consideran, que tanto
la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa deben promover la
destitución del Presidente de la Corte
de Cuentas Rosalío Tóchez, ya que la violación permanente a la Constitución de la República y su
aparente “demencia”, cuyos actos solamente se comparan a la época de la dictadura
militar, al promover despidos masivos de la instituciones de
gobierno. Por ello los afectados no descartan- si continúan estos atropellos– presentar una demanda de
inconstitucionalidad a la
Honorable Sala, por el nombramiento del
Presidente de la Corte de Cuentas y los 2 magistrados, al igual que el Decreto 33 que viola la Constitución de la República
¿Quién dijo miedo empleados de la Corte?
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