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Opinión

Reglamento del pago de indemnización de los trabajadores de la Corte de Cuentas es inconstitucional

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Hemos recibido una nota editorial escrita  por  Miguel Mármol relacionada al decreto ilegal de la Corte de Cuentas  que obliga  a pensionados y a los mayores de 60 años  a renunciar de sus trabajos sin recibir indemnización.

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Reglamento  del pago de indemnización de los trabajadores de la Corte de  Cuentas es inconstitucional

Por:
Miguel Mármol

El 25 de septiembre,  el presidente de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez ordenó publicar en el Diario Oficial  184 Tomo N° 401 del 4 de octubre del presente año, el Decreto 33 mediante el cual, ordena  a todas las instituciones de  gobierno, que gozan del retiro voluntario  con el pago de la indemnización universal, como parte de las prestaciones  que han logrado  los trabajadores del gobierno.

Dice este decreto, que aquellos  trabajadores que se encuentren  pensionados o jubilados  y  que continúan trabajando,  no tendrán a dicha compensación, de igual manera  dice que no tendrán derecho al pago  por retiro voluntario, aquellos trabajadores, que cumpliendo la edad requerida  de 60 años y no se hayan pensionado  sigan trabajando. Pero el Decreto agrega, “tampoco  tendrán derecho al beneficio de pago de compensación por retiro voluntario los funcionarios públicos  que laboren en ella y que su nombramiento provenga de elección popular (diputados) directa o  de segundo grado…”

Este decreto de acuerdo  a diputados de la Asamblea Legislativa  y magistrados de la Corte Suprema de  Justicia es ilegal  y es una intromisión  del presidente  de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez, ya que la única institución  que está autorizada para reformar  artículos de la Constitución de la República y de otras leyes secundarias son los diputados de la Asamblea Legislativa.

Esta grave situación de la Corte de Cuentas, mantiene la salud mental de los trabajadores  muy delicada producto del estrés, y la clínica empresarial, diariamente está recibiendo entre 15 a 20 empleados que exigen atención médica.

El problema laboral se ha agravado  con el presidente  Tóchez, y con los recién nombrados  director  de Recursos Humanos  José  Gilberto Romero Tobar,  y  el Gerente General Milton Jerónimo Rodríguez Pineda que han llegado al extremo de cerrar los locales del sindicato de trabajadores  y  la asociación  de empleados de la Corte de Cuentas. Igualmente,  estos funcionarios están realizando traslados de trabajadores  a otras plazas con bajos  salarios  y la amenaza  del director de Recursos humanos hacia los trabajadores, diciéndoles que  si quieren ganar la indemnización universal deben renunciar  de su empleo  antes del 31 de diciembre  y muchos empleados manifiestan, que los amenazan  con despedirlos en enero del 2014, ya que por órdenes del presidente Tóchez, serán eliminadas las plazas  por contrato y Ley de Salarios  y a los auditores que no sean contadores públicos certificados  CPC y  que no tengan el sello de la Corporación de Contadores serán sancionados.

Ante esta situación, los trabajadores  de la Corte de Cuentas exigen al Ministro de Trabajo Humberto Centeno que investigue y a la Asamblea Legislativa, que llame la atención del Señor Tóchez y a los sindicatos de las instituciones de gobierno, que presenten amparo  a la Sala de lo Constitucional para que se  suspenda el “Acto Reclamado”.


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