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Opinión

8 militares asesinan 6 jesuitas y 2 mujeres y cobardemente siguen huyendo

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El jueves 16 de Noviembre de 1989, cuando trabajaba en YSKL y Diario El Mundo fui a investigar a las  6:00 de la mañana sobre un “posible atentado de Ignacio Ellacuría”, tomé Boulevard de  los Próceres cerca  de la Torre Democracia y la zona estaba llena de soldados, tanquetas y vehículos militares y gracias a mi carné de periodista no me detuvieron.

Al llegar a la avenida Albert Einstein, en una puerta lateral  de la Universidad Católica UCA estaban algunos soldados y en el jardín estaban masacrados 4 sacerdotes  entre ellos el padre Ellacuría, al entrar al dormitorio, 2 jesuitas más estaba asesinados y al salir y bajar a una pequeña sala, encontré a madre e hija abrazadas que habían sido masacradas destruyendo sus cabezas.

Siempre como periodista se nos invitó para asistir a la Corte Suprema de Justicia, en  entre los días 26 y 28 de septiembre donde se había decidido a hacer “un supuesto juicio” en contra de 9 militares  que según las informaciones de algunos asesores norteamericanos y el mismo presidente Cristiani, eran los responsables de haber masacrado  a los sacerdotes jesuitas y las 2 mujeres. Pero ¿Quiénes eran estos militares?    

En la foto 8 de los 9 militares  que asesinaron a los 6 sacerdotes jesuitas y a las 2 mujeres. Ausente 1 de salió huyendo. 

Nueve militares - cuatro oficiales y cinco soldados  fueron formalmente procesados por este crimen. Solamente ocho estaban en la sala, pues uno de los soldados se encuentra prófugo de la justicia desde el comienzo de las investigaciones.

El militar de mayor graduación, Coronel Guillermo Alfredo Benavides, negó en todos los interrogatorios su participación en los hechos. Los otros 7 militares, en confesiones extrajudiciales hechas ante la Policía, admitieron haber participado en el crimen y relataron con lujo de detalles la operación que concluyó con la masacre de los jesuitas. Más tarde, ante el juez negaron todo lo que habían afirmado antes.

De estas confesiones extrajudiciales se podía establecer con exactitud quienes de los nueve procesados fueron los autores materiales de cada uno de los ocho asesinatos. El soldado Oscar Amaya Grimaldi, alias "Pilijay" (en náhuatl, verdugo), declaró haber disparado a la cabeza de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes con un AK-47 de fabricación soviética, que le fue entregado para la operación, porque así esta parecería hecha por "subversivos".

 Según el informe de la Comisión de la Verdad, la noche del 15 de noviembre 1989, mientras la ofensiva guerrillera se intensificaba, se celebró una reunión en el Estado Mayor, el entonces coronel René Emilio Ponce, director de la Junta del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y responsable de las operaciones militares, ordena al coronel Guillermo Alfredo Benavides asesinar al padre Ignacio Ellacuría y no dejar testigos.

Están presentes en ese momento de la reunión, el general Juan Rafael Bustillo, el coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes. Según la versión de los hechos que maneja José María Tojeira, en un momento de la reunión se insinúa que el presidente Cristiani está al corriente de la orden. Este hecho no ha sido nunca probado.

Lo único cierto es que Cristiani mantuvo varias reuniones ese mismo día en la sede del Estado Mayor con distintos mandos militares y que pernoctó en el edificio. Tras la reunión, el coronel Benavides se reúne con mandos del batallón Atlacalt e informa de la orden de matar a Ellacuría.

Pregunta si hay objeciones. Ninguna. Se pone entonces en marcha la operación, organizada por el mayor Carlos Camilo Hernández Barahona. Un grupo de soldados dirigidos por el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, al que acompañan el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y el teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos, penetran en la UCA, fingen un tiroteo y llegan hasta el Centro Pastoral, en el que residen los sacerdotes jesuitas.Una vez allí, intentan derribar la puerta del centro. Cuando los jesuitas se dan  cuenta de lo que pasa, abren la puerta.

Los soldados les ordenan ir al jardín que hay detrás de la residencia y tenderse boca abajo en el suelo, mientras registran la casa. El teniente Espinoza Guerra da la orden de asesinar a los sacerdotes. El soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi dispara y mata a los padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes. El sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas dispara y mata a los padres Amando López y Juan Ramón Moreno. Inmediatamente después, los soldados que registran la casa encuentran al padre Joaquín López y López, que es asesinado por el cabo Ángel Pérez Vásquez. El sargento segundo Tomás Zárpate Castillo y el soldado José Alberto Sierra Ascencio, que habían localizado anteriormente a Julia Elba Ramos y a su hija Celina, disparan contra ellas, causándoles la muerte.

En la foto 4 cadáveres de los 6 sacerdotes jesuitas, asesinados en la UCA por el Batallón Atlácatl  y por orden del Estado Mayor, de acuerdo a las investigaciones.


Estos 9 militares juzgados son los asesinos materiales que supuestamente fueron juzgados en 1991,pero el gobierno de Crsitiani y el partido ARENA, ya tenían preparada una Ley de Amnistía que estaría a la “medida” de los criminales materiales  e intelectuales para que salieran libres.

Esta Ley de Amnistía no estaba incluida en los Acuerdos de Paz, como falsamente lo ha señalado el abogado de los militares que andan huyendo y que argumenta  que este caso ya fue juzgado. Lamentablemente, el Diputado de ARENA Mauricio Vargas, que fue militar durante la guerra, dice falsamente, que “que el actual proceso que pide España, es una venganza del FMLN y que esta persecución debe terminar  y que estos militares deberían de estar tranquilos, porque la guerra ya pasó”.

Otra  de las mentiras  del abogado defensor y de muchos militares de la “tandona”  mentirosamente, dicen que estos militares “ya fueron juzgados y que la Corte Suprema ya resolvió diciendo que es inconstitucional, que estos militares sean extraditados  a España” y señalaban la resolución  de año 2011 y 2012,pero tendenciosamente  no hablan  de la resolución  del  año 2015,del año pasado, la dice que : “ el 24 de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de habeas corpus ref. 220-2015, calificó como inaceptable el precedente establecido el 24 de agosto de 2011 por el Pleno de la Corte porque desnaturaliza las atribuciones de Corte Plena y de INTERPOL, así como tergiversa la utilización de una herramienta de cooperación policial internacional creada con fines específicos”, concluyendo que la notificación roja no se limita a una simple orden de localización, sino que implica la captura del procesado.

Mediante resolución del 2 de octubre de 2015, el Pleno de la Corte retomó el criterio de la Sala de lo Constitucional y declaró que: “la publicación de una notificación roja tiene por objeto la detención de una persona en el territorio de un Estado, para ulteriormente ser entregado a otro, por existir un proceso o una condena penal pendiente en su contra. Esto porque la naturaleza de dichas notificaciones es que constituyen verdaderas órdenes de localización y captura de personas”.
La mentira  de los abogados y militares argumentan que la amnistía es parte de los Acuerdos de Paz, es la más horrenda mentira, ya que no cierto, esta amnistía fue aprobada por los diputados  de ARENA y el partido de Conciliación Nacional PCN, que dice textualmente: “…POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Luis Roberto Angulo Samayoa, Ciro Cruz Zepeda Peña, José Rafael Machuca Zelaya, Rafael Antonio Morán Orellana,Carlos Remberto González, José Roque Calles Amaya, Marcos Alfredo Valladares, Carlos René Calderón y Julio Angel Sorto, DECRETA la  siguiente: LEY DE AMNISTIA GENERAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ
Artículo 1.- Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos… CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y tres. PUBLÍQUESE”.

Entre los 6 sacerdotes jesuitas, y las 2 mujeres eran de nacionalidad  española  y salvadoreña y trabajaban para la Universidad José Simeón Cañas UCA.

¿Quién dijo miedo? Que se haga justicia.


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